Recientemente, el Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó el índice de competitividad regional INCORE 2022, y sin lugar a duda los resultados no son positivos para la Región Arequipa. Nuestra región aparece por segundo año consecutivo en el cuarto lugar por detrás de Lima, Moquegua y Tacna.

En lo que respecta al pilar laboral, que comprende indicadores relacionados a las condiciones de trabajo y empleo, las brechas en ingresos laborales entre trabajadores hombres y mujeres, así como el nivel de capital humano de los trabajadores que participan en la economía, Arequipa ocupa el quinto lugar por detrás de la Libertad.

 A este problema se suma también el de la informalidad laboral. Como sabemos, en nuestro país el porcentaje de informalidad laboral se ha incrementado en los últimos años bordeando actualmente el 80%. Esto quiere decir que, de cada 10 trabajadores, sólo 2 acceden a un empleo formal, es decir a condiciones laborales garantizadas por la regulación laboral y protegidas por los órganos supervisores estatales, como es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).

Esto en la práctica, suponer afirmar que la regulación laboral y los cambios que se vienen dando en los últimos meses, en teoría, sólo tendrían por vocación beneficiar a 2 de cada 10 trabajadores; no obstante, hasta la fecha ni el Gobierno Central, ni el Gobierno Regional se han preocupado por desarrollar un marco regulatorio laboral que busque principalmente reducir la brecha de informalidad laboral.

Recordemos que el trabajo no sólo es el motor de la economía de un país, y claro está de una región como la nuestra, sino que la generación de empleo formal permite a su vez que los trabajadores puedan acceder a un conjunto de protecciones mínimas de carácter social, como es el acceso a la salud y a la seguridad social; y también a protecciones mínimas de carácter económico, como es el acceso al crédito que a su vez permite reactivar el consumo.

Sin embargo, en los últimos meses hemos advertido que, lejos de generarse condiciones propicias para la generación de empleo de calidad, el marco regulatorio ha estado orientado principalmente a introducir modificaciones que afectan tanto al empleador, como al trabajador formal.

Así, por ejemplo, advertimos que normas como la libre disposición de la compensación por tiempo de servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2023 genera desprotección social al trabajador formal que puede disponer libremente de este fondo intangible destinado a atender la contingencia que puede generarse como consecuencia de la pérdida del empleo. En la misma línea, la norma que dispone la liberación parcial de los fondos pensionarios depositados en las cuentas individuales de capitalización administradas por el sistema privado de pensiones, afecta directamente la futura obtención de una pensión de jubilación de calidad, lo que impacta directamente en los ingresos del pensionista.

Por el lado del empleador, la situación es muy similar. En efecto, los recientes cambios en materia de tercerización laboral, que restringen esta figura para actividades que no formen parte del núcleo del negocio, o los recientes cambios en la reglamentación sobre la ley de relaciones colectivas de trabajo, que en teoría buscan fomentar una mayor actividad sindical ¿son medidas realmente efectivas que ayuden a solucionar el principal problema de nuestra región, que es la generación de empleo formal? ¿En qué medida estas normas, pueden ayudar a nuestras micro y pequeñas empresas a generar empleo formal?

Nadie discute que los trabajadores merecen la mayor atención por parte del Estado y que la legislación laboral debe estar diseñada para protegerlos, pero en estas circunstancias ¿necesitamos normas laborales que finalmente generen más informalidad laboral? O, por el contrario ¿no será mejor que el marco regulatorio actualmente vigente funcione de manera adecuada? Creemos que la respuesta puede estar orientada a este último punto. Lo que necesitamos es que las normas vigentes se apliquen de manera adecuada, pero sobre todo necesitamos el diseño de políticas públicas de alcance nacional y regional que tengan un objetivo claro: reducir la brecha de informalidad y fomentar la generación de empleos de calidad.

Sobre este último punto, el rol de la empresa privada es fundamental. Si el Estado no se preocupa por cuidar la inversión privada y cuidar al empleador formal, desde el microempresario hasta la gran industria, las posibilidades de que los trabajadores obtengan mejoras en sus condiciones laborales son mínimas, por no decir nulas.

Arequipa es una región con un enorme potencial de desarrollo y debemos preocuparnos por fomentarlo. Esto sólo puede hacerse exigiendo a nuestras autoridades que cumplan con sus funciones, generando políticas públicas y marcos regulatorios realmente efectivos que aseguren la generación de mayores puestos de trabajo formal.